Por Israel Rodríguez Sánchez /
Los hallazgos que se conocen al momento de la pesquisa sobre el fraude electoral en Guaynabo apuntan a la configuración de una gama enorme de delitos, que van desde conspiración, hasta violaciones al Código Electoral y al Código Penal de Puerto Rico.
Ante ese panorama, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, tendría la obligación de proceder a presentar cargos contra los responsables del fraude sin dilación alguna, según expertos en derecho consultados ayer.
“Todo parecería indicar que en la medida que hubo actos intencionales, coordinados y concertados para llevar a cabo el fin último del acto electoral, estamos ante un escenario de conspiración y de coautoría de delitos”, expresó el abogado Frank Torres-Viada.
Como parte de ese escenario, Torres-Viada, llamó la atención de la figura del colaborador en el esquema. “El colaborador no es necesariamente el que incurrió en la comisión del delito, pero es una persona cuyos actos facilitan y viabilizan la actividad delictiva”, explicó
En otras palabras, el colaborador es todo aquel que se hizo de la vista larga cuando tenía un deber de actuar en un momento dado. “Todo aquel que tenía ese deber y no actuó y optó por la indiferencia es un colaborador del delito”, insistió el jurista. “A estas alturas eso queda evidentemente plasmado”, dijo Torres-Viada, un experimentado abogado.
La información que ha trascendido sobre la pesquisa que realiza un comité ad hoc de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) evidencia que, además de la conspiración, se cometieron “muchísimos” delitos contra la función y la fe pública tipificados en el Código Penal, así como delitos electorales codificados en el Código Electoral, agregó. “Eso es una conclusión inescapable”, afirmó.
Según destapó una investigación de El Nuevo Día, una treintena de agentes de la Policía Municipal de Guaynabo fue reclutada por sus superiores para que mintieran sobre su lugar de residencia a la CEE con el fin de votar por Antonio “Tony” Soto en las primarias.
Las instrucciones venían de la alta jefatura de la Policía Municipal, que responde directamente al alcalde Héctor O'Neill, y eran ejecutadas por tenientes de esa fuerza. Incluso, el comisionado de seguridad municipal, Ángel Venegas González, y el segundo en mando de ese cuerpo, el capitán Wilfredo Martínez, hicieron mudanzas fatulas a Guaynabo.
El esquema incluyó también a empleados del círculo cercano de O'Neill, como su ayudante especial Karen M. Velázquez Negrón, a su escolta Ricardo Marrero y al subdirector de Recreación y Deportes del municipio y árbitro internacional de béisbol, Carlos Rey.
Con Torres-Viada, coincidió ayer el abogado popular Eudaldo Báez Galib, al hablar de la posible configuración del delito de conspiración. “Desde el momento que tú logras establecer una cabeza pensante que está dirigiendo la operación y los que siguen están consciente de que hay un plan podemos hablar de conspiración”, señaló.
Apuntó que la esencia de la conspiración es la coordinación. “Inclusive no es necesario ni un jefe”, agregó Báez Galib. Expuso, como ejemplo, casos de drogas y de robos a bancos.
Báez Galib reconoció que no confía en que en el Departamento de Justicia, indistintamente del partido en el poder, actué en casos como este por su alto nivel de politización. “No me atrevería poner la mano sobre la Biblia y decir que sí lo van a investigar”, admitió.
Torres Viada destacó, por su parte, la importancia de que Justicia investigue este asunto porque se da en el escenario de un contexto electoral que es particularmente sensitivo. “La impunidad es un antivalor de la democracia”, concluyó.
proyecto website
Los hallazgos que se conocen al momento de la pesquisa sobre el fraude electoral en Guaynabo apuntan a la configuración de una gama enorme de delitos, que van desde conspiración, hasta violaciones al Código Electoral y al Código Penal de Puerto Rico.
Ante ese panorama, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, tendría la obligación de proceder a presentar cargos contra los responsables del fraude sin dilación alguna, según expertos en derecho consultados ayer.
“Todo parecería indicar que en la medida que hubo actos intencionales, coordinados y concertados para llevar a cabo el fin último del acto electoral, estamos ante un escenario de conspiración y de coautoría de delitos”, expresó el abogado Frank Torres-Viada.
Como parte de ese escenario, Torres-Viada, llamó la atención de la figura del colaborador en el esquema. “El colaborador no es necesariamente el que incurrió en la comisión del delito, pero es una persona cuyos actos facilitan y viabilizan la actividad delictiva”, explicó
En otras palabras, el colaborador es todo aquel que se hizo de la vista larga cuando tenía un deber de actuar en un momento dado. “Todo aquel que tenía ese deber y no actuó y optó por la indiferencia es un colaborador del delito”, insistió el jurista. “A estas alturas eso queda evidentemente plasmado”, dijo Torres-Viada, un experimentado abogado.
La información que ha trascendido sobre la pesquisa que realiza un comité ad hoc de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) evidencia que, además de la conspiración, se cometieron “muchísimos” delitos contra la función y la fe pública tipificados en el Código Penal, así como delitos electorales codificados en el Código Electoral, agregó. “Eso es una conclusión inescapable”, afirmó.
Según destapó una investigación de El Nuevo Día, una treintena de agentes de la Policía Municipal de Guaynabo fue reclutada por sus superiores para que mintieran sobre su lugar de residencia a la CEE con el fin de votar por Antonio “Tony” Soto en las primarias.
Las instrucciones venían de la alta jefatura de la Policía Municipal, que responde directamente al alcalde Héctor O'Neill, y eran ejecutadas por tenientes de esa fuerza. Incluso, el comisionado de seguridad municipal, Ángel Venegas González, y el segundo en mando de ese cuerpo, el capitán Wilfredo Martínez, hicieron mudanzas fatulas a Guaynabo.
El esquema incluyó también a empleados del círculo cercano de O'Neill, como su ayudante especial Karen M. Velázquez Negrón, a su escolta Ricardo Marrero y al subdirector de Recreación y Deportes del municipio y árbitro internacional de béisbol, Carlos Rey.
Con Torres-Viada, coincidió ayer el abogado popular Eudaldo Báez Galib, al hablar de la posible configuración del delito de conspiración. “Desde el momento que tú logras establecer una cabeza pensante que está dirigiendo la operación y los que siguen están consciente de que hay un plan podemos hablar de conspiración”, señaló.Apuntó que la esencia de la conspiración es la coordinación. “Inclusive no es necesario ni un jefe”, agregó Báez Galib. Expuso, como ejemplo, casos de drogas y de robos a bancos.
Báez Galib reconoció que no confía en que en el Departamento de Justicia, indistintamente del partido en el poder, actué en casos como este por su alto nivel de politización. “No me atrevería poner la mano sobre la Biblia y decir que sí lo van a investigar”, admitió.
Torres Viada destacó, por su parte, la importancia de que Justicia investigue este asunto porque se da en el escenario de un contexto electoral que es particularmente sensitivo. “La impunidad es un antivalor de la democracia”, concluyó.
proyecto website
No hay comentarios :
Publicar un comentario